Derecho de Obligaciones



I. Parte general


Bibliografía: D'ORS, Derecho privado romano. 8ª ed. Pamplona: EUNSA, 1986; GARCÍA GARRIDO, Manuel, Derecho privado romano I. Instituciones. 14ª ed. Madrid: Ediciones Académicas S.A., 2006; GUZMÁN BRITO, Alejandro, Derecho privado romano I - II. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1996.

I.1. Noción de obligación


El término obligación designa a la relación jurídica en virtud de la cual una persona, llamada deudor, se encuentra en la necesidad de dare (dar, esto es, hacer dueño, o bien constituir un derecho real) o facere (incluye cualquier comportamiento, p. ej., devolver la cosa al deudor; una abstención también está incluida en un facere) algo a favor de otro, llamado acreedor. Este último tiene a su disposición una actio in personam que le permite reclamar ante el incumplimiento del deudor. Existe, por consiguiente, una unión inseparable entre obligación y acción; ambas designan una sola realidad: la existencia de un deudor (obligación) y la de un acreedor (acción), desde un punto de vista dinámico (procesal).

I.2. Clases de obligación


A pesar de que es posible dar una amplia gama de clases de obligación, es importante retener dos. La que distingue entre obligaciones divisibles e indivisibles y la que distingue entre obligaciones naturales y civiles. Son divisibles las obligaciones que pueden cumplirse fraccionadamente; por ejemplo, el pago de una suma de dinero. Son indivisibles las que no se adaptan a esta situación; por ejemplo, entregar un esclavo. Las obligaciones indivisibles son solidarias (in solidum), en cuanto si existen varios sujetos obligados, un acreedor puede exigir de sólo uno de ellos el pago de la deuda.A su turno, las obligaciones civiles son aquellas que se adecuan al régimen descrito antes, en el sentido de que son las que tienen como correlato una acción. Sin embargo, los juristas romanos aceptaron la existencia de obligaciones naturales, que son aquellas contraídas por personas sometidas a la potestad del paterfamilias. Por esta razón, no hay acción posible para un acreedor; sin embargo, si la deuda es pagada por éste voluntariamente, los acreedores tienen derecho a retener dicho pago. La obligaciones naturales tienen las siguientes características: son compensables, pueden ser objeto de novación, delegables, garantizables (prenda o hipoteca), la compra del esclavo es una justa causa de usucapión.

I.3. Fuentes de las obligaciones


A la pregunta acerca de cómo se adquiere una obligación se responde, desde una perspectiva sistemática diciendo que ellas se adquieren en virtud de alguna de las varias fuentes obligacionales. A su turno, entendemos por fuentes de las obligaciones, a todo antecedente al cual el derecho reconoce la específica aptitud de hacer nacer una obligación.No existe un acuerdo absoluto acerca de cómo sistematizar las fuentes de las obligaciones. Si se sigue el esquema previsto en las Instituciones tanto de Gayo como de Justiniano, se debería estimar que las fuentes de las obligaciones son las siguientes: contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos. Se trata de un esquema que ha persistido en nuestros ordenamientos; así, por ejemplo, en el Código civil chileno. Otra perspectiva es la señalada por Álvaro d’Ors, quien estima que la sistematización que mejor responde a la mentalidad romana clásica es la que distingue las siguientes fuentes obligacionales: acciones penales (o sea, delitos), préstamos, estipulaciones y contratos. Seguiremos esta última clasificación

II. Fuentes de las obligaciones


II.1. Acciones penales


II.1.1. Noción


Los delitos son, junto a los préstamos, las estipulaciones y los contratos, una de las fuentes de las obligaciones. Suele distinguirse entre los delitos de derecho privado —de los que trata este documento— de los crímenes. Las diferencias pueden sintetizarse en que los delitos de derecho privado están sancionados por acciones penales, las que, a su turno, se tramitan en el procedimiento formulario, por lo que su pena consisten en una suma de dinero (por regla general, un múltiplo del valor de la cosa). Por el contrario, los crímenes son materia de derecho penal (asociado al derecho público), se tramitan ante tribunales llamados quaestiones perpetuae, diferentes a los de derecho privado y por procedimientos que no tienen que ver con el formulario. Además, las penas son corporales, por lo que incluyen la muerte, como la más grave.

II.1.2. Clasificación


Al igual que ocurre con otras instituciones de derecho privado romano, entre los delitos podemos distinguir aquellos delitos de derecho civil (hurto, daños, lesiones) y los delitos de derecho pretorio (miedo, dolo).

II.1.3. Características de las acciones penales


Característico de los delitos es que ellos están sancionados por acciones penales. Cualquiera sea el injusto, estas acciones mantienen características comunes, las que se pueden enunciar así: a) intransmisibilidad pasiva: estas acciones no se transmiten a los herederos del hechor; sólo en ciertos casos (delito de lesiones), el pretor fulmina contra los herederos una acción por el provecho obtenido; b) noxaliad: si el delito es cometido por un hijo o esclavo, el paterfamilias puede evitar la condena entregando a la víctima al hechor; c) cumulatividad: se entiende en dos sentidos. En el primer sentido, implica que si hay varios autores del injusto, cada uno de ellos debe pagar la pena entera; en el segundo sentido, implica que, en ocasiones, la acción penal se acumula (o sea, se ejercita conjuntamente) a una acción reipersecutoria. Ejemplo: el que ejercita la acción de hurto, lo hace a la vez que ejercita la acción reivindicatoria; d) perpetuidad/anualidad: las acciones civiles no tienen plazo para su ejercicio, son perpetuas; las acciones pretorias, antes de la litiscontestatio son anuales, es decir, pueden ser ejercitadas en el plazo de un año.

II.1.4. Hurto


Es el primero de los delitos civiles. Consiste en la sustracción clandestina de una cosa. mueble ajena, contra la voluntad de su dueño. Algunos juristas romanos agregan que, además, se realiza con ánimo de lucro. La acción es ejercitada no sólo por el propietario, sino por todo el que responda por custodia o por pérdida de la cosa. Son elementos propios de este delito: a) el desplazamiento de la cosa mueble (contrectatio); b) dolo o intención de hurtar (animus furandi): conciencia de actuar contra la voluntad de propietario. El dolo se presume, por lo que no es necesario probarlo.

II.1.5. Daños


Este delito fue tipificado tempranamente, pero fue el plebiscito Aquiliano el que introdujo una regulación definitiva. Hablamos, por lo mismo, de la ley Aqulia de daños. Esta ley tenía tres capítulos, de los cuales nos interesan el primero y el tercero. En el primer capítulo de la ley se sancionaba a título de daño a todo aquel que hubiese matado injustamente al esclavo o a un cuadrúpedo ajenos. La condena era a pagar el mayor valor que la cosa hubiese alcanzado en el año. El tercer capítulo sanciona a título de daño a toda clase de daño causado injustamente en cualquier otra clase de animal o en todas las cosas inanimadas. Dañar es destruir, lo que implica: quebrar, quemar, romper, rasgar, rozar, derramar, estropear o deteriorar. La pena es el pago del máximo valor que la cosa alcanzó en los últimos treinta días. Como se ve, la ley hablaba de daño injustamente causado (damnum iniuria datum). Al analizar esta expresión, la jurisprudencia aisló los elementos del delito de daños, que son los siguientes: a) iniuria: injusticia (modernamente, antijuridicidad), es decir, el daño debe ser contrario al derecho; b) culpa, esto es, la actuación negligente que causa el daño; como se ve, se trata de actos, pero también se llegó a sancionar las omisiones, cuando se trataba de no tomar las precauciones debidas. Distinta (más grave) a la culpa es el dolo: intención maliciosa de causar el daño. La culpa aquiliana deb diferenciarse de la culpa contractual.

II.1.6. Lesiones u ofensas (iniuriae)


El delito consiste en inferir lesiones a una persona libre, tanto en su integridad física como moral. Se sanciona con la actio iniuriarum, que no era activamente transmisible. La víctima hacía una estimación del daño, que se correspondía con la cantidad solicitada en la condemnatio y el juez condenaba a esa cantidad, o menos.

II.1.7. Miedo (metus)


Este delito se perpetra por medio de la amenaza de un mal grave y actual que un hombre sereno no puede rechazar. La acción por causa de miedo (actio quod metus causa) es pretoria, anual, noxal, in factum; se puede dirigir contra quienes obtuvieron provecho de la intimidación, aunque no hubiesen intervenido en ella. El delito puede afectar a un contratante, por lo que si éste es demandado en virtud del acto otorgado bajo amenazas, el pretor le concede la exceptio quod metus causa (excepción del miedo).

II.1.8. Dolo


En este caso, el pretor crea un delito, llamado “dolo malo”, para el cual concede una acción (actio de dolo), mediante la cual se pueden reclamar una indemnización de los perjuicios. Esta acción tiene carácter subsidiario: se concede sólo en los casos en que no hay otra acción posible de ejercitar. Asimismo, se concede una exceptio doli para resistir las acciones que deriven del acto viciado por dolo.




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